Caso $LIBRA: El papel del periodismo entre la lentitud judicial y la represalia oficialista

Mientras la causa en sede argentina está en un impasse, periodistas de distintos medios revelaron datos que ponen en cuestión la defensa de Milei para despegarse del escándalo de la criptoestafa. Ahora el gobierno castiga el trabajo de la prensa. 

Por Santiago Galindo @santiegali

“Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, bajo esta premisa Milei, el presidente de Argentina, promocionó en su perfil de X el 14 de febrero de 2025 el lanzamiento del proyecto privado “Viva la libertad”, y el código del token para comprar la moneda digital $Libra. 

Minutos después del anuncio, el valor de la misma se disparó un 1300% hasta alcanzar una capitalización de mercado de US$4.000 millones.

Pocas horas después, mientras muchas personas se preguntaron si habían hackeado su usuario de la red social, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró US$90 millones, más del 80% del dinero circulante. La moneda colapsó, su valor bajó de US$54 a US$0.50, y provocó pérdidas por un monto total de US$251 millones a 114.410 billeteras virtuales de distintas partes del mundo, el equivalente a 44.000 inversores, según datos aportados por la Comisión Investigadora del Congreso Nacional, y pruebas aportadas en las causas judiciales abiertas.

Gran parte de esos fondos terminaron en billeteras virtuales de Kelsier Ventures, empresa de inversiones de riesgo dirigida por Hayden Mark Davis, el estadounidense creador del token. Esas largas y agitadas horas culminaron con el tuit original eliminado, y uno nuevo donde Milei se justificó diciendo que “no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”.

Durante los primeros meses del 2026, diversas investigaciones periodísticas revelaron detalles claves para entender el entramado y las responsabilidades detrás del proyecto. Entre ellos el borrador del presunto acuerdo confidencial entre Milei y Davis para la promoción de la moneda. También hicieron público que el fiscal federal a cargo, Eduardo Taiano, no cargó los documentos en la causa a tiempo, ni notificó a las querellas sobre la existencia de esas pruebas. 

Luego de hacerse público, la subsecretaría legal de la Secretaría General envió una respuesta a la fiscalía donde niegan la existencia de cualquier acuerdo. El escrito fue incorporado al expediente. Actualmente, la investigación sobre la ruta del dinero se encuentra frenada por falta de recursos tecnológicos y económicos de la unidad especializada del Ministerio Público. 

El papel de periodistas de diversos medios, tradicionales y autogestivos, con diferentes  opiniones políticas, fue y sigue siendo un aporte imprescindible para que una parte importante de la sociedad conozca y se interiorice en un caso que tiene a la figura presidencial como parte constitutiva y necesaria de una (posible) estafa millonaria. 

“O no es muy inteligente, o es una suerte de corrupto, elija usted”

Esas fueron las dos posibilidades de la ex canciller argentina, Diana Mondino, ante la pregunta del periodista Mehdi Hasan sobre porque creía que Milei había publicado el tuit.

Dejando de lado las opiniones personales sobre la primera opción, importa detenerse en la segunda hipótesis: “es una suerte de corrupto”.

Las pruebas incorporadas tardíamente al expediente fueron obtenidas a partir del informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), luego de los peritajes al celular secuestrado de Mauricio Novelli, empresario trader organizador del TechForum, y cercano del presidente y su hermana Karina, la Secretaria General de la Presidencia.

Los peritos informáticos entregaron dos informes al fiscal Taiano. El primero fue el 17 de noviembre de 2025, donde está el archivo “LOI_KELSIER.docx” (borrador del acuerdo), con la oferta por US$1.550.000 más un 35% del total facturado realizada realizada por Kelsier Group a la empresa de Novelli, y sus socios Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, los intermediarios entre el estadounidense y Milei.

El segundo peritaje, que fue presentado a Taiano el 9 de enero de 2026, aportó conversaciones telefónicas entre los involucrados antes, durante y después del lanzamiento de $Libra. Además de registros que dan cuenta de una relación cercana entre Novelli y los hermanos Milei al menos desde 2020.

El fiscal incorporó las pruebas al expediente judicial recién el 24 febrero de este año. Una semana después, Alconada Mon publicó una nota en La Nación donde reveló que se encontró el borrador del acuerdo entre el presidente y H. Davis. 

Sin embargo, la abogada y periodista Natalia Volosín, denunció en su newsletter La Justa que el archivo ya estaba en manos de Taiano desde el 17 de noviembre del año pasado pero no dio acceso a las querellas ya que nunca lo incorporó a la causa, según confirmó  Nicolas Oszut, abogado de un grupo de damnificados, a La Justa.

El peritaje de la DATIP, al revisar los celulares y otros dispositivos de Novelli, Terrones Godoy y Morales, se encontró con una gran cantidad de registros y conversaciones eliminadas de manera definitiva, es decir que no pudieron recuperar todo el contenido. 

Pero consiguieron restaurar archivos sensibles, entre ellos un documento creado el 11 de febrero de 2025 (3 días antes del tuit) con el monto y el plan de pagos pactados para llevar adelante la estafa del 14 de febrero. El Destape publicó en su portal el documento completo en inglés, donde se puede ver con claridad el involucramiento de la casta gobernante en el desarrollo del proyecto. Esta es la traducción:

“Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H. 

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

También encontraron audios de whatsapp de 2024, en uno de ellos Novelli le indica a una administrativa de su empresa, N&W, que tiene que separar “los 4000 que hay que darle a Karina”. Este mensaje lo envió el mismo día que visitó la Casa Rosada, ¿quien autorizó su ingreso esa tarde de abril? La Secretaria de la Presidencia. 

“Cerré un deal tremendo”, le escribió por chat Novelli a un conocido, después de la reunión en la Casa Rosada del 30 de enero de 2025 (dos semanas antes del lanzamiento de la memecoin), de la que participaron él, Terrones Godoy, Davis, y por supuesto quien actualmente ocupa el sillón de Rivadavia. Ese mismo día, a la hora exacta del encuentro con Milei, el CEO yanky transfirió US$499.999 a una billetera virtual. Una hora después de la reunión se registró una segunda transferencia por un monto similar, según registros financieros incorporados al expendiente. 

El 17 de febrero de ese mismo año, tres días después del lanzamiento y desplome de la cripto, el presidente dió la primera entrevista a Jonatan Viale en TN, recordada por la interrupción de su asesor, Santiago Caputo, para cambiar la pregunta del entrevistador. En la misma, el libertario negó haber firmado un acuerdo con Davis y dijo que solo difundió un emprendimiento privado como difunde “cientos de cosas”.

Los descubrimientos en los dispositivos electrónicos de parte de los involucrados (contratos, facturas, registros de llamadas, mensajes) permiten rearmar la estructura del fraude y dejan en evidencia que el presidente de Argentina, además de estar interiorizado en el tema, recibió sucesivos pagos por su participación en el negocio. 

En el borrador del contrato quedan claros los roles de cada uno. Hayden Davis, a través de su empresa Kelsier Group, figura como el creador del proyecto. 

Por su parte, Julian Peh, empresario tech de Singapur y fundador de Kip Protocol, fue quien se ocupó del desarrollo tecnológico y aportó la infraestructura blockchain. Sin embargo, Interpol Singapur comunicó que no tiene registros sobre ninguna persona llamada así. Es decir que quien viajó a Argentina en octubre de 2024 para reunirse con Milei, Adorni y Novelli, falseó su identidad. 

Novelli fue el intermediario entre los empresarios cripto, los inversores, y el gobierno libertario. Mientras que Sergio Morales aparecía como asesor técnico argentino. 

Según los registros, el día del lanzamiento del cripto activo, el Jefe de Estado argentino habló por teléfono al menos 7 veces con Novelli. 

“Cuando se hace público el proyecto, le doy difusión”, dijo Javier Milei en varias entrevistas. Pero los registros telefónicos recuperados por la DATIP permiten armar la secuencia con exactitud. La primera llamada entre ellos de ese día ocurrió 18:02, 36 minutos antes que se creara el token. 18:38 se creó el token, 18:54 vuelven a comunicarse y 19:03, dos minutos después del tuit, tuvieron una llamada más. 

Luego de eso, el trader comenzó a intercambiar llamadas con Karina y Santiago Caputo entre el 14 y 16 de febrero. 

Este fue el esquema de funcionamiento armado para llevar adelante la estafa millonaria. Los fraudes son habituales en el universo bursátil, la particularidad del caso es la credibilidad institucional que aportó Milei para concretar este. Hay que destacar que no hubiese sido posible en magnitud y alcance sin la legitimidad y visibilidad que aportó la promoción del presidente de la Nación. 

El alcance del plan superó las fronteras nacionales y generó pérdidas a escala global. En paralelo a la causa que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en Estados Unidos hay otro expediente abierto. La demanda colectiva presentada apunta principalmente contra el estadounidense Davis y Ben Chow, CEO de Meteora. Se los acusa de asociación ilícita por lanzar y manipular criptomonedas sin respaldo real.

Si bien la jueza levantó provisionalmente el congelamiento de las billeteras virtuales de Davis, la causa criminal y civil sigue activa. Recientemente, abogados estadounidenses se comunicaron con diputados argentinos de la Comisión Investigadora para solicitar pruebas y evaluar una posible denuncia penal contra Javier Milei. Quienes presentaron la demanda sostienen que la promoción que hizo el presidente fue una "declaración altamente engañosa y estratégicamente planificada". 

El antecedente inmediato involucra a otra familia presidencial: la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mismo Davis gestionó el memecoin de la esposa de Trump, $MELANIA, que también colapsó en un 99% desde su lanzamiento.  

Del “pump and dump” al “rug pull”

 Pump and dump, en español “inflar y tirar”, representa una forma muy común de fraude financiero. Consiste en inflar artificialmente la cotización de un activo a partir de manipular información o desinformar para atraer nuevos inversores, esto aumenta la demanda y por lo tanto el precio (pump). Con la sobrevaloración generada, quienes impulsan esa promoción engañosa venden sus activos, el precio se derrumba y los inversores confiados sufren pérdidas significativas.

El rug pull es otro modo de estafa habitual. Los desarrolladores crean el token, lo promocionan masivamente y aportan liquidez. Una vez que haya suficientes inversores, retiran sus tokens y abandonan el proyecto con todos los fondos, dejando sin liquidez al fondo.

El caso $Libra combina ambos mecanismos. Milei generó la confianza para atraer miles de inversores, esto infló el valor del criptoactivo que luego se desplomó con la venta masiva de los principales tenedores (pump and dump). La particularidad es que el grupo reducido de fundadores del proyecto era quien tenía posesión del mayor porcentaje de tokens, y fueron los que retiraron la liquidez de manera coordinada para generar sus ganancias (rug pull).

La justicia es quien debe clarificar el tema a partir de responder las siguientes preguntas: ¿Milei cobró por difundir la criptomoneda?, ¿Tuvo conocimiento de los detalles del proyecto o no estaba interiorizado como dijo?, ¿Cómo consiguió el código que difundió en X antes de que estuviera disponible?, ¿Por qué tardó 5 horas en borrar el posteo si la cotización ya se había derrumbado?.

La casta judicial 

A pesar de todas las pruebas aportadas por los peritos, el caso todavía se encuentra en etapa de instrucción. Es decir que no hay imputados ni llamados a indagatoria. Las personas investigadas que aparecen en el expediente son: Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, su hermana María Pia y su madre María Alicia, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julián Peh y Hayden Davis, entre otros. 

La causa se inició en febrero de 2025 con la denuncia presentada por el economista argentino Claudio Lozano, a la que luego se sumaron otras querellas de sectores damnificados. El juez federal a cargo es Marcelo Martinez de Giorgi, que delegó la investigación en Taiano. 

En noviembre de 2025 Martinez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de Novelli, su hermana, su madre, su socio, de Morales, de Davis y de Rodríguez Blanco. En enero de 2026 la Cámara Federal confirmó los embargos y elevó los montos.

Luego de que la periodista Volosin dió a conocer que Taiano demoró dos meses en notificar al juez y a las partes sobre la existencia de comunicaciones entre los principales investigados, y cuatro meses en incorporar formalmente a la causa el borrador del acuerdo, la comisión investigadora del Congreso de la Nación denunció a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”. También solicitaron al Ministerio Público su apartamiento de la causa.

Eduardo Taiano fue nombrado fiscal federal en 1993. En su currículum se destacan las causas por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Néstor Kirchner, la apropiación de Papel Prensa, y la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Curiosamente ninguno de esos expedientes avanzaron en tiempo y forma. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py comentan que acomoda su ritmo al clima político que se respire en determinado momento. 

Por su parte, el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dió una entrevista a A24  luego de conocerse las últimas pruebas y dijo: “Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber estado ni siquiera imputado en una causa, y más cuando se trata del Presidente, me parece imprudente”.

La comisión investigadora conformada por diputados de distintos bloques presentó un pedido de interpelación del Jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia. También solicitaron que el presidente de explicaciones sobre sus comunicaciones con Novelli. Ambos pedidos fueron bloqueados por el oficialismo en la Cámara de Diputados. 

Quienes llegaron al gobierno con un discurso anti-casta, y presentan su agenda como una cruzada moral entre el bien (ellos) y el mal (todo el resto de los actores de la sociedad argentina), se resguardan en la complicidad judicial, uno de los poderes más cuestionados y “casta” del país.  

La estafa $Libra es la punta de la pirámide de los casos de corrupción que involucran a este gobierno: Adorni y su crecimiento patrimonial inexplicable hasta el momento, el desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el 3% para Karina, el vínculo del José Luis Espert con empresarios narcos, lo que llevó al retiro de su candidatura. 

Los tiempos de la justicia son arbitrarios y van a destiempo con las investigaciones periodísticas. Mientras las causas de corrupción contra gobiernos anteriores avanzan sorpresivamente rápido, al punto de encarcelar e inhabilitar de por vida al ejercicio de cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, las distintas denuncias contra el actual Ejecutivo son demoradas o avanzan a cuenta gotas.

“No odiamos lo suficiente a los periodistas”

Es la frase que repite una y otra vez el presidente contra el periodismo, uno de los principales enemigos en su cruzada moral contra el mal. 

“Basuras”, “ensobrados”, “enemigos de la Patria”, en fin, una larga cantidad de insultos y adjetivos descalificativos surgen desde el riñón del poder, alimentando el odio de su ejército liberal en redes. 

Pero esta batalla no es sólo discursiva, tiene expresiones muy concretas que atentan contra la libertad de expresión. 

Al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno argentino revocó las credenciales de varios periodistas acreditados para ingresar a cubrir lo que ocurre dentro de la Casa Rosada. En los días previos, el cuestionado Jefe de Gabinete le dijo a uno de ellos que era “apenas un periodista”, cuando le preguntó sobre la causa judicial en la que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. 

Por su parte, Milei dió una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes”. Durante Semana Santa, según un informe elaborado por Martín Rodríguez Yebra en La Nación, el presidente escribió 86 tuits contra la prensa y reposteó otros 874 en solamente cuatro días. 

No es solo el Poder Ejecutivo quien busca reprimir cualquier crítica. El fiscal Taiano, luego de la denuncia de Natalia Volosin sobre el ocultamiento de pruebas, la citó a declarar para que revelara cómo consiguió los archivos y la información de las fechas de los informes. 

Finalmente tuvo que dejar sin efecto la citación ya que generó un enorme rechazo entre la comunidad periodística. La Academia Nacional de Periodismo de Argentina señaló en un comunicado que “el Poder Judicial debe ser el garante de la libertad de prensa y no un ejecutor de represalias”.

Además del periodismo argentino, la prensa internacional también se hizo eco de los descubrimientos en la causa de la criptoestafa en medios como el Financial Times, New York Times, El País de España, Reuters y The Economist, donde señalaron que la causa manchará la credibilidad del presidente en el mediano y largo plazo.

La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución Nacional Argentina y en tratados internacionales. El artículo 43 de la CN amplia esto al establecer que no se puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística. 

El caso $Libra es una demostración más de la importancia del papel del periodismo, ejercido de manera crítica y rigurosa, en el control de poderes. Las investigaciones que llevan adelante distintos profesionales son un trabajo fundamental para que quienes circunstancialmente dirigen el país no queden impunes gracias a las arbitrariedades judiciales. 

O al menos son un punto de apoyo para movilizar cada vez a más sectores de la sociedad contra un modelo que está llevando a Argentina directo al precipicio.