Navi Pillay y la CPI. Cuando disuadir a un juez no es tan fácil

Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz el mismo día en que EE. UU. sancionó a la Corte Penal Internacional. Qué está en juego para la justicia global.

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Navi Pillay y la CPI. Cuando disuadir a un juez no es tan fácil

Mientras Navi Pillay era distinguida con el Nobel de la Paz por su defensa del derecho internacional, Washington endurecía las sanciones contra la Corte Penal Internacional, el tribunal donde ella misma fue jueza. Una trayectoria forjada contra el apartheid y una institución que, sitiada, se niega a dejar de investigar.


Navi Pillay, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, llevará consigo este fin de año a su hogar un reconocimiento excepcional y merecido pero cargado de una decisión que se ha vuelto un mal hábito en las regiones que habitamos. El mismo día en que se anunció su premio, el gobierno norteamericano anunció a través de su secretario de estado Marco Rubio la suspensión de los activos de la Corte Penal Internacional (CPI), donde Pillay fue jueza entre 2003 y 2008. En un video oficial emitido desde la Casa Blanca el Secretario de Estado anunció “prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar” y añadió “o la CPI  finaliza con estas amenazas o nosotros terminaremos con la CPI”. Tomoko Akane, la presidenta de la Corte penal internacional se expresó de inmediato “nosotros somos una institución judicial independiente e imparcial y nuestras acciones están solamente guiadas por la ley y la evidencia, buscar obstaculizar una corte del derecho de cumplir con sus mandatos de justicia es inaceptable, es un ataque contra la soberanía de los estados que han creado esta corte, es un ataque contra el derecho internacional”.

Captura de video de Reuters

La corte y sus miembros no es la primera vez que recibe acusaciones formales de parte del gobierno a pesar de haber sido miembro de los 125 estados que firmaron el tratado fundacional en 1998, antes de retirarse formalmente en 2002. Sin embargo, algunos de los países donde se involucraron formalmente sí lo son, como el caso de Afganistán y Palestina.  Por un lado la postura oficial de Estados Unidos no reconoce jurisdicción sin consentimiento, pero por otro repudian los pedidos de arrestos contra oficiales israelíes, incluyendo el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de ser responsable criminal de los actos de asesinar, perseguir y utilizar el hambre como arma de guerra en Gaza, o las investigaciones por acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, aunque ese caso fue cerrado.  

En una entrevista a la revista Judicature International, la jurista Kimberly Prost, miembro de la corte penal explicó el objetivo y razón de ser del tribunal “La idea era crear un sistema, el del Estatuto de Roma, mediante el cual se alentara a los Estados a asumir su responsabilidad de investigar y enjuiciar estos delitos, a trabajar individualmente o en conjunto para llevar adelante estos casos.

La CPI forma parte de ese sistema, pero es un tribunal de última instancia cuando no hay ningún Estado, ni siquiera tiene que ser parte, sino ningún Estado dispuesto y capaz de investigar y enjuiciar genuinamente. De esta manera, se crea un incentivo para que estos casos sean investigados y enjuiciados.” 

El Estatuto de Roma entró en vigor el 1ro de  julio del 2022, luego de la necesidad de responsabilizar individualmente a los actores responsables actos de guerra. La CPI nació de la experiencia de los tribunales ad hoc creados en los noventa para juzgar los genocidios de de Ruanda y ex Yugoslavia. La creación de este primer tribunal penal internacional permanente busca dar una respuesta a los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión. Desde entonces intervino en tragedias como el genocidio de Ruanda (1994), el de Darfur en Sudan (2003), Rohinyá (2017), Ucrania en (2014) y actualmente el conflicto de Gaza. A la fecha tiene 34 casos de investigaciones en territorio palestino, en los estados africanos como Sudan, Uganda, Republica del Congo y en Venezuela, Ucrania, Myanmar y la Filipinas.Tambien pesa una orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos. 

Desde el primer mandato de Trump y luego a lo largo de su segundo mandato, junto a su administración ha sancionado a una decena entre fiscales y directivos del tribunal. En el último año se sumaron: Reine Alapini-Gansou (Jueza de Benín), Beti Hohler (Jueza de Eslovenia), Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), Tomoko Akane (Presidenta de la CPI), Abdoulaye Seye (Abogado litigante sénior), todos involucrados en diferentes etapas de la investigación sobre crímenes de guerra en territorio palestino. 

Navi Pillay, de Durban a La Haya

La jurista  nació en 1941 y creció en un barrio de Durban, una ciudad de la costa este de Sudáfrica. Convivió con el apartheid, el sistema oficial de segregación racial impuesto por el gobierno de Sudáfrica entre 1948 y 1994, una situación que la impulsó en su labor en defensa de los derechos humanos. En 1967 se convirtió en la primera mujer en abrir su propio bufete de abogados en su provincia, Natal, y en 1995, en la primera mujer no blanca nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Como jueza participó en causas como la del genocidio de Ruanda, ocurrido en la nación africana entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, luego integró y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Fue jueza ad hoc en el caso que Gambia presentó ante la Corte Internacional de Justicia contra Myanmar por el genocidio de 2017 y la persecución sistemática de la minoría musulmana rohinyá; recién en enero de 2026 se realizaron las audiencias sobre el caso. Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. La comisión concluyó que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza y que el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, había incitado al genocidio. 


Las sanciones 

En la entrevista, Kimberly Prost se pronunció sobre estos hechos “ nunca comprendí realmente el alcance de las sanciones hasta que lo viví en carne propia. Así que, inmediatamente, todas tus tarjetas de crédito se cancelan porque no importa dónde se emitieron, ya sea en los Países Bajos o en Canadá, los sistemas, las compañías, Visa, MasterCard, Amex, etc., y el sistema SWIFT , legal o ilegalmente, están bajo la influencia y el control de Estados Unidos. Así que ese es un efecto inmediato. Y, en estos tiempos, es un hecho bastante impactante porque no te das cuenta de cuánto las usas” y añade “he trabajado en el ámbito de las sanciones, así que quizás sea menos difícil, aunque para mí sigue siendo difícil, pero tengo colegas que han dedicado toda su vida a la justicia penal, que han trabajado como jueces a nivel nacional, algunos en el Tribunal de Ruanda, y ahora están en una lista con personas implicadas en terrorismo y crimen organizado, y se les trata exactamente igual. Psicológicamente, eso es realmente difícil de aceptar.” 

A pesar de los contratiempos, la institución ha encontrado la manera de continuar con su trabajo e investigaciones gracias a un gran red de investigadores que se comprometieron con la búsqueda objetiva en concordancia con la ley y en la reparación justa con las víctimas. Aunque no deja de ser preocupante lo que esconde esa insistencia en amedrentar a los jueces del derecho internacional con tanto énfasis, en vez de invertir recursos en mejorar puertas adentro. En este sentido la presidenta de la Corte penal internacional, Tomoko Akane, sancionada en el 2026 por Trump y que integró en 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares que emitió la orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin, brindó en una entrevista al País donde recordó los inicios de la corte penal, “El Tribunal surgió de las lecciones de la guerra, la persecución y las atrocidades masivas, y de la convicción de los Estados de que el derecho y la justicia deben prevalecer sobre la fuerza.” y dio una respuesta sensata dentro del caos frente a la crisis de la institución y de los estados y sus jueces en general, “para hacer realidad la promesa de “nunca más”. Tarde o temprano, la Historia nos pedirá cuentas a todos. y nos preguntarán, ¿Dónde estabas?”. y concluye. Y concluye, “la Historia ha demostrado una y otra vez que la justicia puede llevar tiempo, pero la rendición de cuentas sigue siendo posible”.