Del aula al algoritmo: las escuelas como nuevo laboratorio de la vigilancia digital

La vigilancia digital aterrizó sin éxito en las aulas uruguayas. A principios de agosto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) puso en marcha en el Liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis, Maldonado, un plan piloto que registraba la asistencia estudiantil mediante conexión Wi-Fi y cámaras de reconocimiento facial. Un mes después fue dado de baja. La iniciativa, presentada como una solución “eficiente y moderna”, despertó un fuerte rechazo de sindicatos, familias y estudiantes, reabriendo el debate sobre los límites jurídicos, éticos y legales de control digital en la educación.

En agosto, un secundario en Piriápolis, Maldonado, se convirtió en un campo de discusión tras la tentativa sin éxito de implementar una tecnología tan innovadora como controversial: el registro de asistencia estudiantil, docente y administrativa por conexión automática al Wi-Fi institucional, complementado por cámaras de reconocimiento facial. El piloto fue impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo Directivo Central (Codicen) junto a un proveedor privado, y según declaraciones oficiales, sin costo económico para el organismo. 

La iniciativa se presentó como una solución eficiente para automatizar el control de asistencia, liberar a los docentes de tareas burocráticas y "mejorar la seguridad". Los cuestionamientos apuntan al uso de datos biométricos en menores de edad, a la falta de consulta previa y a la opacidad sobre el manejo de información recolectada. 

Según explicó Claudia Díaz Bargallo, “docente de literatura retirada pero activa en la comunidad”, el sistema tenía una lógica clara y estaba siendo gestionada dentro de la ANEP: “Esto iba a funcionar de la siguiente manera:Una red directa de las cáámaras a ANEP, puntualmente a educación secundaria, donde se iba a pasar el registro de los alumnos de acuerdo con las caras a las listas que ya están instrumentadas desde hace tiempo, se ponía en en la lista de la presencia o la ausencia. Todos los padres gritaron en el cielo quede cómo se iba a hacer esto”. 

La tensión entre lo técnico y lo comunitario también se refleja en cómo se interpreta el papel de la vigilancia. Para algunos, las críticas al uso de las cámaras caen en una contradicción frente a la exposición cotidiana de la tecnología. “Lo de la vigilancia me parece que es un argumento sin sustento, si vamos a ponernos en ese prurito, hay que tener en cuenta que todos los menores tienen celulares o por lo menos el 98% por ciento de ellos y los que no, tienen Ceibalitas o cuentas de Iinstagram”, señaló la docente de literatura.  

El diminutivo Ceibalita proviene del Plan Ceibal, un programa dirigido a distintos niveles educativos en Uruguay que promueve la inclusión digital a través de una plataforma de aprendizaje para escuelas y hogares, basada en el uso de computadoras portátiles.

A diferencia de la presentación de las laptops en 2007 donde los actores que intervinieron fueron de público conocimiento, en este caso no todos en la comunidad educativa estuvieron informados, ni estuvieron de acuerdo con la forma en la que se comunicó- o no se comunicó- el proyecto. Cintia Plagda, madre de una adolescente de los primeros años de liceo, relató cóóomo muchos padres y docentes se enteraron del plan cuando ya estaba en marcha “Yo me enteré por el grupo de padres y de alumnos que se reunieron y nos enteramos en ese momento que el plan ya se había puesto en marcha y que ni los profesores sabían. En ningún momento se sentaron con nosotros y nos dijeron,”‘esto va a ser así y así, acá vamos a usar cámaras’”. 

La preocupación por el ausentismo escolar, sin embargo, no es exclusiva de Uruguay. En el condado de Washington ( Tennessee, Estados Unidos), cámaras de reconocimiento se instalaron en una escuela sin consentimiento de alumnos ni docentes, y los datos obtenidos fueron cuestionados por su legalidad. En la  Universidad 21 con sede en Córdoba, Argentina, se optó por software de vigilancia para controlar exámenes a distancia y prevenir trampas. En Taiwán, cámaras de vigilancia en centros de educación de la primera infancia develaron incidentes de acoso o maltrato infantil. Se puede inferir diferir que el problema no son las cámaras detectando incidentes, sino que lo hacen de forma parcial sin protocolos. Como resultado generan efectos colaterales negativos mááas complejos de resolver  (estrés, desconfianza, pérdida de privacidad) y desplazan el foco de la prevención educativa hacia la comodidad de la vigilancia tecnológica.

Ante este panorama, el sindicato del liceo de Piriápolis se pronunció mediante una carta enviada al Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP. Allí señalaron que “el control de asistencia mediante reconocimiento facial ya fue implementado en varios países y ha generado controversia y problemas.”. Los ejemplos internacionales confirman esas advertencias. En San Francisco, el municipio aprobó en 2019 una ordenanza que prohíbe el uso de reconocimiento facial por parte de agencias públicas, incluyendo la Ppolicía y entidades locales, al considerar que esta tecnología representa un riesgo para la privacidad y puede reforzar sesgos en la vigilancia. En Francia, la autoridad nacional de protección de datos (CNIL) declaró ilegal el uso de sistemas biométricos, señalando que el objetivo de “agilizar la identificación de estudiantes” no justificaba una medida tan intrusiva. 

Datos inferidos, ausentismos y riesgos invisibles

El ausentismo en Uruguay es un fenómeno en crecimiento: afecta a 7 de cada 10 estudiantes de secundaria. Un análisis realizado por UNICEF en el país sobre el ciclo básico de educación secundaria pública en en el país reveló que en 2023 los estudiantes secundarios faltaron en promedio más de  35 días al año. Además, tres de cada cuatro alumnos faltaron al menos al 10% de las clases, mostrando una tendencia ascendente en los años pospandemia. Entre 2016 y 2023, el promedio de inasistencias de los tres primeros años de liceo aumentó de 30,6 a 37,6 días. 

El informe también concluye que “el ausentismo afecta especialmente a los estudiantes de origen socioeconómico más vulnerable y a aquellos con trayectorias escolares menos exitosas” y que “la percepción sobre problemas de violencia e inseguridad, tanto dentro de los centros como en sus entornos, podría estar impactando en una menor asistencia a clases, al menos para una parte de los estudiantes de la enseñanza media, principalmente del sector público”. 

El problema, por tanto, es multifactorial, y las respuestas también deberían serlo. Un ejemplo es el Plan Asiste, aplicado en educación Inicial y Primaria: un monitor educativo con metas, plazos y un desarrollo integral con la comunidad educativa. El programa combina indicadores de asistencia con acompañamiento pedagógico y social, y establece metas, plazos y estrategias de intervención temprana.  Ese abordaje integral difiere notoriamente del plan presentado por la ANEP para el liceo de Piriápolis, percibido como limitado y centrado casi exclusivamente en el uso de cámaras.

Aunque el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani aseguró a un medio local el Observador “ningún privado se queda con los datos de los gurises" aseguraron a diferentes medios que la información de los estudiantes no sería almacenada, la Ley de Protección de Datos personales de Uruguay obliga al Eestado a proporcionar información clara y completa a los afectados.

Un experimento sin regulación clara

El avance de los medios digitales en Uruguay, tanto en el ámbito privado como en el público, se ha producido a tal velocidad que la Ley de Relaciones de Consumo del paísUruguay quedó en parte obsoleta para enfrentar los nuevos problemas. Según el informe “Estado de situación de regulación de las plataformas digitales en Uruguay”, coordinado por Datysoc y Observacom con el apoyo de Unesco, “Uruguay no cuenta con una regulación específica sobre relaciones de consumo digital ni una definición específica de las plataformas digitales que (...)  ameriten un régimen especial. Si bien se han presentado diferentes iniciativas legislativas que propongan obligaciones a las plataformas en particular para la protección de las infancias, ninguna ha prosperado”.

Respecto a este punto intentamos comunicarnos con el Consejo de Educación secundaria para ampliar información pero no hemos recibido respuesta. Aunque existen disposiciones generales, no hay normativa específica que regule el uso de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial en el ámbito educativo. El país aún opera en un marco normativo fragmentado y desactualizado frente al avance del big data y la inteligencia artificial. 

La ausencia de estos mecanismos de supervisión y auditoría plantea un vacío legal que deja a estudiantes, docentes y familias sin orientación frente a las decisiones sobre el uso de estas tecnologías.

De lo local a lo global: tendencias y resistencias

Mientras Uruguay da sus primeros pasos en la implementación de vigilancia algorítmica en la educación, otros países avanzaron en la dirección contraria. En Estados Unidos, el Senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de tecnología de identificación biométrica en las escuelas, salvo excepciones para empleados. 

En contraste, en Brasil ya son 15 las escuelas que utilizan este sistema en escuelas públicas. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron discriminación contra grupos minoritarios, como los negros, y falta de transparencia sobre cómo funciona la tecnología.

En Europa, la creación de marcos regulatorios como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) estableció políticas estrictas sobre el tratamiento de datos biométricos en menores, en muchos casos directamente prohibidos

Derechos digitales en juego

Aun no se sabe con exactitud los riesgos que corren las nuevas infancias, lo que sí está claro es que este tipo de tecnologías no solo vulneran la privacidad, sino que también afectan la libertad de expresión y la autodeterminación informacional. Es necesario evaluar con criterios de riesgo, especialmente cuando involucra a poblaciones vulnerables como niñas, niños y adolescentes.