15 años de retroceso: la libertad en internet que nunca fue

No es una crisis reciente ni una anomalía. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Una mirada a los datos que nadie quiere leer en voz alta.

El último proyecto de The Freedom House, un informe titulado "Libertad en la red 2025: Un futuro incierto para internet a nivel mundial" dio a conocer que la libertad en internet disminuyó por decimoquinto año. La mayoría de los países involucrados iniciaron procesos penales contra quienes criticaban a políticos, como es el caso de Alemania, o en otros casos reforzaron la detención de ciudadanos extranjeros por expresarse de manera digital, como es el caso de los Estados Unidos. También existen casos de autoridades que intensificaron la vigilancia en las comunicaciones electrónicas, especialmente durante protestas y elecciones como Egipto, Pakistán, Rusia, Turquía y Venezuela, o suspendieron el acceso a internet durante movilizaciones.

En todas los casos el uso de las tecnologías cobró una importancia clave: promover narrativas para distorcionar y controlar el discurso público. La pregunta que emerge es inevitable: si la privacidad es la facultad que tenemos para disponer de nuestra esfera personal libre de intromisión de terceros, pero no se respeta, ¿cómo asegurar nuestros espacios y derechos digitales frente a particulares e incluso al propio Estado?.

La respuesta debería ser menos compleja. La privacidad no es solo un derecho en la inmensidad del desierto, es un derecho en sí mismo, funcionando como condición para ejercer otros derechos. No debe entenderse como ausencia de información, propia o de terceros; sino como la capacidad individual de control sobre la información. Simple de entender, difícil de ejercer.

Según lo anterior, nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas.

Pero en el marco de los avances tecnológicos la discusión se transformó en un hoyo sin fondo. Millones de personas tienen en la red sus vidas, sus actuaciones, sus creencias y actos guardados, habilitados para mostrar. Es ahí donde la legislación en tanto protección de datos, seguridad digital, habeas data, autodeterminación informativa, libertad de expresión, IA, reconocimiento facial y vigilancia estatal —sobre todo en contextos de represión— cobran importancia central para las discusiones que se deben dar en esto que llamamos "humanidad".

Los estallidos sociales en Chile y Colombia en 2019 y 2021 respectivamente ilustran cómo las herramientas de tecnología avanzada utilizadas por las fuerzas policiales fueron uno de los hitos de la represión y las condenas sustentadas en falsos datos a partir de la ciberrepresión.

En el caso chileno, el reconocimiento facial se produjo en un contexto de criminalización progresiva del derecho legítimo a la protesta social. Una de las principales críticas a estas tecnologías es su tasa de falsos positivos: la policía londinense reportó identificaciones erróneas en el 92% de los casos; en Nueva York, un 80%; en Chile, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos. La tecnología de reconocimiento facial fue implementada con fines policiales sin que existieran marcos normativos expresos y claros que delimitaran su uso.
En el caso colombiano, el Ministerio de Defensa del presidente Iván Duque construyó un aparato de ciberpatrullaje bajo la excusa de detectar desinformación durante las protestas de 2021. Según la investigación de Cuestión Pública en colaboración con el Institute for War & Peace Reporting, "el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó estas prácticas durante su visita al país en junio de 2021 y advirtió que calificar contenidos digitales como "terrorismo" estigmatiza a los manifestantes y vulnera el derecho a la libertad de expresión. En 2023, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el gobierno violó la libertad de expresión, de asociación y de reunión por el uso de inhibidores de señal de internet durante las protestas.

El negocio de los datos: Palantir y el Estado como cliente

Tomar estos temas desde una generalidad ciudadana no es un planteo cualquiera: es la intervención de los Estados, la empresa privada y la ciudadanía. Los intereses estatales están en esta discusión, pero con mucha más fuerza lo está la propiedad de las empresas que recaudan datos en sus grandes data centers, ubicados en las periferias. ¿Somos conejillos de indias del poder del capital y sus alianzas con los Estados?

Un caso notorio sucedió en Nueva york donde el sistema de hospitales públicos de la ciudad decidió no renovar los contratos con la empresa Palantir luego de el medio The Intercept , publicara una cláusula que entre ambos que permitía a Palantir- con el permiso de la agencia municipal- anonimizar la información médica protegida de los pacientes y utilizarla para fines distintos a la investigación. Entre tanto el hospital público le pagaba 4 millones de dolares para mejorar su capacidad de seguimientos de pagos por los servicios prestados. Un negocio sin fisuras.

Palantir es una empresa estadounidense de software especializada en el análisis de Big Data e inteligencia artificial. Sus nombres no son casuales sino programáticos: Palantir por las piedras videntes del Señor de los Anillos, Gotham por la ciudad de Batman —ambas ficciones donde la vigilancia total es condición del orden—. Desarrolla plataformas como Palantir Gotham —utilizada por agencias de defensa e inteligencia como la CIA y el FBI para análisis de redes, contrainteligencia y misiones militares— y Palantir Foundry, orientada al sector comercial y civil para gestionar grandes volúmenes de datos, optimizar cadenas de suministro y mejorar operaciones.

La Constitución argentina establece en su artículo 19 que la privacidad protege jurídicamente "las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta la forma de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo". Esa garantía hoy convive con una realidad diferente: en 2026, Palantir desembarcó en Argentina y se perfila como un eje central de la política de seguridad del gobierno de Javier Milei, impulsado por el DNU 941/25 que habilita la modernización de la inteligencia nacional. La plataforma se utilizaría para centralizar bases de datos estatales y desarrollar vigilancia predictiva, alineándose con los intereses de EE.UU. e Israel. Lo que en Nueva York generó una crisis ética y la rescisión de un contrato, en Argentina se presenta como política de Estado.

Vamos a los derechos

La protección de los datos personales es la protección, incluso parcial, de quien es usuario y sus derechos. Las garantías y los principios que imponen las leyes deben establecer el cómo se obtiene, almacena, trata y, en su defecto, ceden datos sin perjuicio del titular.

El espacio digital también es un espacio de batalla cultural, de discriminación, desigualdad y poder. En esa medida, la privacidad, recopilación y tratamiento de datos, igualmente. Pensar el derecho a la autodeterminación informativa en tanto protección de datos implica controlar la publicidad y divulgación que utiliza los datos personales de alguien, no perder el control para no perder los derechos. Serán los Estados, sus normas y leyes quienes deban intervenir con educación digital en el marco de la integridad, el respeto de derechos digitales y la seguridad online y offline.

La dimensión individual y colectiva de esta libertad son inseparables: la necesidad personal de decir lo que se piensa, y la deliberación sobre asuntos de interés público. La discusión alrededor de estos derechos en el ámbito digital y su normativa debe ser urgente en cada sociedad, más aún en tiempos de represión y restricciones como la historia y el presente lo han mostrado.

"Ya nada es humano. Estos sistemas aplican modelos de machine learning y análisis predictivos, convirtiendo la información en simples perfiles digitales."

Son segundos y algoritmos, cámaras y servidores, todo en la base de datos. Un planeta interconectado donde ese "gran hermano" vigila y patrulla en el ambiente. Los cuerpos ya no están, no se ven; nos organizan en rostros digitales, interacciones y algoritmos que resuelven cuáles son nuestros patrones de conducta.

¿Y las estrategias defensivas?

Existen y deben ser tenidas en cuenta desde lo colectivo y lo individual, desde la resistencia y la técnica. La revisión de los sitios web de confianza, las copias de respaldo, el análisis de las cuentas personales y colectivas de redes sociales y la doble autenticación. Las contraseñas que regularmente deben cambiarse o la creación de protocolos de registro y cuidado. Porque el autocuidado frente a lo que no vemos y no sabemos qué es o cómo lo manejan, es vital en la defensa de los Derechos Digitales y la sobrevivencia en la gran nube.

La violencia digital requiere respuesta colectiva y solidaria, generando prácticas en redes de autocuidado y protección mutua que ofrezcan apoyos técnicos, legales y políticos. Estas agresiones continúan una historia: el disciplinamiento de los cuerpos, las voces, las ideas y las resistencias. Nadie se salva solo; la defensa es un acto político desde la organización y la documentación empática.

"Nuestros cuerpos han devenido en lo digital, nuestra identidad en un código. Somos usuarios, emails, contraseñas y redes sociales; y nuestras huellas son un posteo, una compra, una acción o un simple comentario."

Desde MUTA pensamos que la organización alrededor de la seguridad digital es el presente que continuamente nos interpela y nos empuja al autocuidado en la defensa frente a la ciberrepresión, el ciberespionaje y los contextos de vigilancia estatal y corporativa. En esa lógica de armado de redes de defensa, autocuidado e higiene digital que sostenga la verdadera libertad de decir, pensar y actuar como definamos, la formación en Derechos Humanos Digitales es una tarea pendiente que cuide el cuerpo digital y exprese acciones de ciberresistencia ante los ataques —una lógica defensiva desde la concepción de clase y género que aborde seguridad física, digital, psicosocial y legal—, porque nada está y todo se ve, porque no estamos, ni mucho menos, solos.

Fuentes

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). Artículo 19, "Intimidad, privacidad, autodeterminación". https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/suplementos/suplemento/81/documento

Google destinará mil millones de dólares a centros de datos en un estado de EEUU. INFOBAE. https://www.infobae.com/estados-unidos/2026/03/14/...

El ACNUDH y la privacidad en la era digital. ONU. https://www.ohchr.org/es/privacy-in-the-digital-age

Aula Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS). https://www.cels.org.ar/aula/

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ONU. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

El derecho a la intimidad en línea está más amenazado que nunca. News UN/ONU. https://news.un.org/es/story/2022/09/1514531

¿Qué es la inteligencia de código abierto?; Sans Institute. https://www.sans.org/blog/what-is-open-source-intelligence